Si la clase media nació como una respuesta a la necesidad de una economía productiva de disponer de ciudadanos consumidores estables y a largo plazo, en la actualidad, la economía financiera especulativa reinante necesita disponer esencialmente de deudores arrendatarios de sus bienes en un estado de precariedad permanente.
La ordenación social a lo largo de la historia y el paréntesis histórico de la clase media
Durante milenios, la ordenación social se constituyó a partir de una élite minoritaria que detentaba el poder mediante la fuerza de las armas —para el mantenimiento del orden social y el control del territorio y sus fronteras—, la propiedad privada de los bienes —para el control de los recursos, la deuda y el capital, manteniendo a una mayoría de la población en un estado de dependencia financiera y subsistencia precaria— y el sometimiento religioso e ideológico —para la legitimación del poder mediante el dogma, la moral y la promesa de una vida eterna.
A pesar de los diversos intentos habidos por derrocar esta estructura piramidal asimétrica, notablemente la revolución francesa de 1789 y la revolución bolchevique de 1917, la estructura siempre acabó parasitando estos movimientos revolucionarios, transformándolos en nuevas reediciones de sí misma. De esta forma, el arrebato de sus privilegios a la aristocracia y el clero en nombre de la “libertad, igualdad y fraternidad” durante la revolución francesa, acabó desembocando en el surgimiento de una nueva élite, la burguesía industrial y financiera, que adoptó el liberalismo económico como nueva ideología y siguió ostentando el poder mediante la retención bajo su poder de las instituciones bancarias y militares. Posteriormente, la revolución bolchevique, instaurando la abolición de la propiedad privada con objeto de acabar con los privilegios de esta nueva clase social, acabó convirtiéndose en una burocracia de estado, formada por la Nomenklatura, la nueva élite de funcionarios del PCUS, que absorbió en su seno el control armamentístico, económico e ideológico.
Sin embargo, a mediados del siglo XX, la insólita confluencia de diversos factores hasta entonces inéditos, provocó que la élite, sin necesidad de que estallase una nueva revolución, se viese obligada a ceder en aras a su propia supervivencia una parte de su poder al resto de la población.
Tras la segunda guerra mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques, y la élite política y económica occidental percibió la expansión del comunismo, la ideología imperante al otro lado del llamado “telón de acero” como una amenaza real capaz de estallar entre la población, firmándose un pacto “no escrito” en el que la clase trabajadora aceptó el sistema capitalista de producción masiva a cambio de recibir un salario digno y obtener una estabilidad laboral y una mayor protección social. Europa debía ser reconstruida y el nuevo modelo industrial de producción masiva requería que la masa trabajadora no sólo interviniese en la producción de bienes, sino que también se convirtiese en su principal consumidor, por lo que debía gozar de la capacidad para adquirirlos. Esto supuso que el aumento de la productividad repercutiera asimismo en un aumento salarial, o en palabras del magnate de la automoción Henry Ford “Mis empleados deben ganar lo suficiente para poder adquirir los automóviles que fabrican”. Nació así el llamado “Estado del bienestar”, en el que a cambio de obtener una seguridad laboral y cierta capacidad de ahorro, la masa trabajadora se comprometió a respetar la paz social e integrarse en el sistema.
Todo ello, junto a la fuerza sindical imperante, la supeditación de los mercados financieros a la economía real —aún no había llegado la desregulación posterior de estos mercados en la década de los 80—, una ocupación laboral que tendía a ser indefinida y a tiempo completo y un pleno acceso a la vivienda —que aún no competía en condiciones desfavorables con los fondos de inversión global actuales—, se tradujo en toda una serie de medidas que beneficiaron enormemente a los trabajadores —jornada laboral de 40 horas semanales, vacaciones pagadas, indemnizaciones por despido, acceso al crédito hipotecario regulado y la financiación pública de la educación, la sanidad y las pensiones tras la jubilación— que cristalizó en el mito del “sueño americano”, una promesa de progreso, prosperidad y movilidad social basada en el esfuerzo y la responsabilidad.
Había nacido la clase media.
La disolución del pacto social y el deseo de la élite financiera soberana por retornar a la situación anterior
El surgimiento de la clase media conllevó la aparición de un período de estabilidad social sin precedentes en la historia, y aunque supuso una solución temporal a una crisis y una amenaza sistémicas, se convirtió asimismo en un escollo permanente para la acumulación de capital.
En la actualidad, tras la disolución de la antigua Unión Soviética en 1990 —la amenaza externa sobre la que se sostenía el pacto social—, la atomización de la clase trabajadora —y sus perniciosas consecuencias sobre la negociación colectiva— y la transición desde un modelo industrial que vinculaba la producción local al consumo local, a un nuevo modelo de mercado global caracterizado por la deslocalización de la producción a países del tercer mundo —con salarios ínfimos y sin derechos laborales —, la élite financiera ya no tiene ningún motivo para seguir manteniendo las concesiones realizadas durante el siglo XX a una masa salarial local que ha dejado de ser un “aliado productivo” para el consumo, convirtiéndose en un “coste prescindible”.
Si la clase media nació como una respuesta a la necesidad de una economía productiva de disponer de ciudadanos consumidores estables y a largo plazo, en la actualidad, la economía financiera especulativa reinante necesita disponer esencialmente de deudores arrendatarios de sus bienes en un estado de precariedad permanente.
El capital industrial del siglo XX necesitaba infraestructuras y trabajadores cualificados para generar valor, sin embargo, el capital especulativo actual —fondos de inversión, private equities, mercados de derivados— operan a corto plazo buscando obtener una rentabilidad que la economía productiva real ya no puede ofrecerles. Ante esta saturación de la economía real, el capital financiero dirigió su codiciosa mirada hacia la mercantilización de los bienes históricamente consolidados como derechos sociales de la clase media.
La vivienda dejó de ser un “hogar” (un activo familiar) para transformarse en un activo financiero global (real estate) y la clase media anteriormente propietaria, tras la absorción del mercado de la vivienda por los fondos de inversión, se convirtió paralelamente en una clase arrendataria permanentemente extractiva. De forma similar, la reducción del gasto público en educación y sanidad, abrió las puertas a la privatización, transformando el gasto social en un negocio privado y convirtiendo un bien común consolidado de primera necesidad en un mecanismo selectivo de acceso reservado a los más poderosos.
Finalmente, la congelación de los salarios dictada desde la élite financiera, supuso la adopción de un crédito masivo por parte de la clase media con objeto de poder seguir manteniendo su anterior nivel de vida, una dependencia financiera que el capital especulativo no sólo ha utilizado para enriquecerse mediante el cobro de intereses sino también como mecanismo de control para eliminar cualquier tipo de protesta social y resistencia laboral.
Este empeño de la élite por desmantelar a la clase media y retornar a la situación anterior obedece a su propia lógica acumulativa de riqueza, resultando inevitable que en un mundo excesivamente saturado de bienes de consumo, se produzca una caída tendencial continuada del margen de beneficios asociado a la producción y la comercialización de tales productos. Paralelamente, existe también un deseo de mayor control que acabe con la movilidad social, ya que una clase media culta, económicamente independiente y relativamente ociosa, supondrá un mayor riesgo de exigencia y rebeldía frente al poder imperante que una mayoría instalada en la precariedad y la dependencia frente a las grandes corporaciones. En este cometido, el estado jugará un rol preponderante, actuando como garante de las pérdidas del capital financiero —rescates bancarios, desvíos de fondos públicos a proyectos privados— al mismo tiempo que impone una opresiva política de austeridad a los ciudadanos.
El desarrollo tecnológico como mecanismo de ejecución del desmantelamiento social
La clase media se fundó sobre una estabilidad en el tejido productivo industrial y el sector de los servicios, que está siendo totalmente desmantelada por las plataformas tecnológicas mediante la llamada “economía bajo demanda” (Gig Economy), que amparándose en la falsa retórica de conceptos como la “flexibilidad laboral” o la actividad realizada por el nuevo “emprendedor corporativo”, prescinde de la relación laboral tradicional de contratación fija o a largo plazo y convierte al “empleado contratado” tradicional en un “colaborador externo” cuya actividad es evaluada, tasada, contratada o rechazada por un algoritmo todopoderoso e implacable.
Por otra parte, el reemplazo de muchas profesiones cualificadas propias de la clase media —abogados, médicos, analistas, programadores, periodistas— por la automatización avanzada y la IA generativa, se ha establecido como un movimiento de usurpación de empleos tradicionales que en lugar de democratizar los beneficios, los ha hecho repercutir íntegramente en la corporación propietaria de la infraestructura tecnológica.
Paralelamente a la destrucción de empleo, la tecnología digital ha sido utilizada para individualizar (atomizar) a los usuarios, desplazando cualquier tentativa solidaria colectiva hacia un estado de polarización, frustración individual, distracción continuada, pérdida de capacidad crítica, y un consumo meramente pasivo de los dictados del algoritmo, que se alimentará de la información personal gratuitamente suministrada por estos últimos y la utilizará para ejercer un mayor control sobre ellos y convertirlos a su vez en un nuevo producto de consumo al servicio de las grandes corporaciones tecnológicas. Unas corporaciones que se han convertido en las propietarias del mercado digital, obligando a cualquier pequeña o mediana empresa que quiera operar en la economía moderna a pagar un tributo a los nuevos “señores de la red” en una especie de retorno a un tecnofeudalismo digital.
En síntesis, la tecnología, que teóricamente poseía el potencial para liberar a los seres humanos del trabajo tedioso, esclavizante y repetitivo —universalizando la riqueza y convirtiéndose en un instrumento democratizador—, ha sido instrumentalizada como una herramienta exclusiva a su servicio por la élite financiera para automatizar la desigualdad social y acelerar la transición hacia una nueva sociedad caracterizada por una minoría tecnofinanciera soberana y un vasto “proletariado digital” precarizado.
La colaboración altruista y desinteresada de la clase media en su propia aniquilación
Como ya señaló Aldous Huxley en su famosa obra “Un mundo feliz”, “La dictadura perfecta no es la que somete a través del temor, sino aquella que logra que los esclavos amen su condición servil”. Mediante un requerimiento continuo e individualizado al narcisismo de los ciudadanos y su fantasía de soberanía sobre un entramado tecnológico en el que no son más que simples peones utilizados como carnaza al servicio de un algoritmo que los evaluará para modular sus necesidades y deseos, éstos han acabado convirtiéndose en los receptores de un nuevo “pan y circo” (panem et circenses) romano en el que ellos mismos forman parte del espectáculo, siendo virtualmente recompensados mediante diminutos disparos dopaminérgicos asociados a los persistentes likes e insignificantes gratificaciones que pueblan la red. A pesar de ello, la inteligencia artificial, los teléfonos inteligentes o el vasto territorio de las redes sociales se han integrado de una forma tan exquisita en el seno de nuestra identidad y ocio diario que se han convertido en un preciado objeto de deseo del que ya no podemos prescindir.
Frente a los propios ciudadanos, la clase política, desposeída en gran parte de su antigua soberanía —ahora en manos de organismos no electos como bancos centrales, fondos globales de inversión o agencias de cualificación financiera—, gestionará su propia impotencia ofreciendo un espectáculo igualmente circense al servicio del poder y no ya de los ciudadanos, a los que mantendrá divididos en una especie de farsa nostálgica de otros tiempos, escenificando la existencia de dos bandos irreconciliables (derecha e izquierda), que inevitablemente votarán siempre al unísono con relación a las grandes decisiones económicas, militares y financieras que beneficien a la élite financiera soberana.
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